Los órganos de poder público, por sus propias características, requieren de conocimientos especializados en el ámbito del derecho constitucional.
Por ello, la Firma ofrece sus servicios de técnica legislativa, para determinar la organización y distribución de facultades de de los órganos públicos, a nivel municipal, estatal, federal y nacional, así como para analizar la constitucionalidad de reformas legales, entre otros.